La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República (SPTA) presentó cinco propuestas para profundizar el combate contra la corrupción e impunidad en el país, en el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción y de la Semana de la Transparencia 2016.
Se trata de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, impulsar la transparencia en el secreto fiscal, proteger a los denunciantes de delitos de corrupción, implementar la austeridad y eficiencia en el gasto de los tres órganos del Estado y reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
En el primero, la SPTA propone reformar la Constitución, así como los códigos Penal y Procesal Penal para que este tipo de delitos sean declarados imprescriptibles de forma retroactiva, ampliar los supuestos de los crímenes de cuello blanco y modificar la regulación del procedimiento abreviado.
Respecto a la transparencia fiscal, la Secretaría afirma que a nivel internacional, principalmente en las legislaciones de Noruega, Suecia y Dinamarca, los ciudadanos tienen acceso a conocer, en versión pública, las declaraciones de renta y las devoluciones de terceros una vez estas han sido declaradas, y no están sujetas a revisión por el ente fiscalizador tributario. Esta práctica ha permitido disminuir la elusión y evasión fiscal, así como la corrupción al interior de la hacienda pública, a partir del control ciudadano a empresas, empleador y particular.
En este punto se propone reformar el artículo 28 del Código Tributario, a efecto de flexibilizar frente a particulares los alcances del secreto tributario permitiendo la divulgación de las declaraciones en versiones públicas, que incluya las deducciones, donaciones a los partidos políticos y otros; de igual forma, que los declarantes sean informados de quienes han solicitado su declaración.
Sobre la protección a personas particulares que denuncian presuntos delitos de corrupción, la SPTA dice que se debe reformar la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, que permitirá conocer a todos los entes que investigan los actos de corrupción o cualquier indicio de ésta, lo cual a la fecha no se obtiene por temor a cualquier tipo de represalia. Esta regulación que se busca es requerida aún por las dos convenciones internacionales sobre el tema de las que El Salvador es suscriptor.
Otro de los puntos propuestos por la Secretaría es la eficiencia en el gasto de los tres órganos del Estado y, para ello, no alcanza solo una política a nivel del Ejecutivo, sino que se debe trascender a todo el aparato público, por lo que se propone la creación de una ley que se aplique a todas las instituciones estatales y las alcaldías.
Anteriormente el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, emitió nueve políticas de ahorro y austeridad, cuyo objetivo era que se hicieran buen uso de los recursos públicos, que inicialmente solo fueron de obligatorio cumplimiento en los Ministerios. La actual administración amplió su aplicación e incluyó a las instituciones autónomas, sin embargo, quedaron fuera los demás Órganos del Estado y las municipalidades.
Y la última propuesta son las reformas a la LAIP, que consistirían en modificar y aumentar la cantidad de entidades que pueden proponer ternas para la elección de comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), así como ampliar la cantidad de entes obligados a entregar información a la ciudadanía, como por ejemplo, los privados que se involucren en los derechos consagrados en la Constitución, como por ejemplo, salud, educación, vivienda, seguridad social.
Además, en las posibles modificaciones a la Ley de Acceso se pretende ampliar la competencia del IAIP reformando los artículos en los que se define la naturaleza de la entidad y sus competencias, para incorporar en las mismas la protección de datos personales.
