La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informaron que 515 funcionarios o empleados públicos están enfrentando consecuencias por el incumplimiento de la Ley de Enriquecimiento Ilícito.
Dicha ley establece que todo funcionario público debe presentar una declaración jurada sobre el estado de su patrimonio en los 60 días siguientes a que tomen posesión de sus cargos. El mismo formato deberá ser actualizado 60 días después de que cesen su cargo.
La CSJ registra 32,193 funcionarios obligados a presentar su declaración patrimonial; sin embargo, 12,838 no han remitido dicha documentación.
Las multas varían de 100 colones ($11.43) y 5,000 colones ($571.43) y los funcionarios igual tienen la obligación de entregar la documentación correspondiente.
