El economista Salvador Arias, presentó un aviso de extinción de dominio a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 177 funcionarios, cuyos patrimonios fueron investigados por la sección de probidad e informados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para abrir juicio por enriquecimiento ilícito.
Arias declaró que son alrededor de $50 mil millones de dólares los que están en cuestionamiento con estos 177 exfuncionarios. También envió un mensaje al fiscal general, Douglas Meléndez, que en el país, no es necesaria una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) porque la Fiscalía tiene la potestad de investigar.
Entre los funcionarios señalados, se encuentran los expresidentes de la república, Alfredo Cristiani, Armando Calderon Sol y Francisco Flores, además de la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, la excanciller Eugenia Brizuela de Ávila, a los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón y Belarmino Jaime, confirmó el economista para Última Hora SV. Dentro de los señalados también se encuentran exministros y exviciministros, expresidentes de autónomas y alcaldes municipales.
La acción es motivada por información que se ha obtenido a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la misma corte. Según Arias, hay documentación suficiente e instrumentos públicos que representan plena prueba. “Yo no doy opiniones, yo doy pruebas“.
Las pruebas “permiten conocer al fin con nombre y apellido a las personas de quienes la justicia, durante más de dos décadas, ha ocultado sus posibles actos de corrupción”.
La acción, según indica Arias se da en el marco de la Constitución de la República, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Ley de Extinción de Dominio ente otros marcos legales.
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