La Sala de lo Constitucional en alianza con la Asamblea Legislativa se ha dedicado a priorizar resoluciones y decretos mientras evitan dar soluciones al pueblo, poniendo en riesgo la vida y salud de los salvadoreños ante el COVID-19.
Los magistrados de la Sala, impuestos por los diputados, se han dado la tarea de quitarle facultades legales al Gobierno para que contenga la expansión del COVID-19, a pesar que se encuentra en la fase 3, en riesgo de contagio masivo.
Tanto ARENA como el FMLN con su mejor aliado, la Sala de lo Constitucional, han privado a la población su derecho a la vida y a la salud, demostrando que solo velan por sus intereses políticos de cara a las elecciones de alcaldes y diputados en 2021.
