La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de amparo presentada por una familia que se vio obligada a desplazarse de su lugar de residencia, tras el acoso de pandilleros del Barrio 18.
El recurso fue interpuesto luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) no adoptaran ningún protocolo de protección para las víctimas, a pesar de tener conocimiento del caso.
Organizaciones han denunciado que el desplazamiento forzado por violencia no es reconocido por por el Estado Salvador y es por esto que se bloquea el acceso a algunas medidas de atención en estos casos.
Los magistrados ordenaron a dichas instituciones activar sus protocolos de protección; el apoderado legal de la familia expuso hechos de amenazas, golpes, acoso y hasta violaciones.
La demanda también señaló omisión por parte de las instituciones del sector justicia para garantizar los derechos de las víctimas en casos de desplazamientos forzados.
