A un día de las elecciones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no brindó detalles sí los candidatos opositores, cinco de ARENA y uno del PDC cumplieron la orden de aclarar las peticiones de inconstitucionalidad hechas por ciudadanos.
La Sala dio como plazo 24 horas para que los demandantes aclararan si se agotaron o no las instancias correspondientes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que son cuestionados por diversos ciudadanos o son procesados en diversos juzgados.
Sin embargo, varios juristas señalaron que este «nuevo requisito», no necesario, lo único que logró fue retrasar las peticiones y blindar a los candidatos opositores; debido a que no cumplen con el requisito de honradez que se exige en el artículo 126 de la Constitución de la República para poder optar a un cargo público de elección popular.
El candidato a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Norman Quijano ha sido vinculado a negociaciones con grupos de pandillas y estructuras criminales para buscar apoyo para las elecciones presidenciales de 2014, en las que fue candidato por el partido de derecha.
En el caso del actual diputado Carlos Reyes Ramos de ARENA, tiene un expediente abierto desde 2016 en la Sección de Probidad por su incremento patrimonial, que pasó de $850,000 a rondar los $1.7 millones en un periodo como diputado, entre 2012 y 2015.
La diputada de ARENA, Margarita Escobar ha sido cuestionada por supuestamente haber recibido sobresueldos durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009). Escobar recibía $5,000 mensuales para totalizar $300,000 en cinco años.
Por otro lado, Rodolfo Parker del PDC, tiene 18 años dentro de la Asamblea fungiendo como diputado propietario por San Salvador, en 2009 refeljó que su patrimonio era de $339,122.57, pero cinco periodos después, para el 2018, su riqueza disminuyó hasta $113,602 es decir, que perdió el 72% de sus riquezas desde que comenzó a legislar en el palacio azul.
