La jueza Cuarta de Paz, Nelly Edith Pozas, decretó detención provisional para el expresidente de la Repúblicas Elías Antonio Saca González, su exsecretario privado, Elmer Charlaix, su exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, el expresidente de ANDA, César Funes y los empleados finacieros-contables de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, quienes enfrentan audiencia inicial por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.
La juzgadora resolvió emitir un fallo cautelar de prisión preventiva porque esta tarde a las 3:45, se vencía el plazo de 72 horas de la detención, amparándose en el reglamento de la etapa inicial. Pozas brindará resolución definitoria del caso mañana a las 9:00 de la mañana porque afirmó necesitar más tiempo para establecer un fallo sólido.
Tras finalizar la sesión, Saca brindó declaraciones a los medios de comunicación donde manifestó que se está sometiendo al proceso y que lo enfrentará. “Me estoy sometiendo a una acusación de la Fiscalía que tiene una serie de señalamientos totalmente falsos”, indicó.
Asimismo dijo que los fondos de su gestión se manejaron de acuerdo a la ley de los fondos de las partidas reservadas, “aprobadas por la Asamblea Legislativa y verificadas por la Corte de Cuentas”.
El exmandatario aseguró también que no tiene ni propiedades ni cuentas bancarias en Costa Rica, Dubái o República Dominicana, como se manifestó ayer, cuando la Fiscalía General de la República sostuviera en sus alegatos que Saca trasladó dinero en maletas hacia esos países.
Saca añadió que él es un hombre conocido, “público”, y que no tiene dónde viajar o huir, porque sería muy fácil localizarlo, por lo que aseguró que no tiene intención de otra cosa que no sea afrontar el proceso, pero que este sea “en libertad”.
“Mis empresas las fundé hace 30 años, no cuando salí de la presidencia. Yo soy radiodifusor desde hace 35 años. Cuando ingresé a la presidencia yo era propietario de 11 empresas radiales y han paralizado las cuentas. Pedimos que quiten ese congelamiento porque si no están en riesgo 300 familias salvadoreñas», concluyó.
