El economista Rigoberto Monge, afirmó que haber aumentado del 45 al 50% la cantidad de ahorros de los trabajadores que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a comprar certificados de inversión previsional (CIP) redundará en menos rentabilidad y por lo tanto en una menor pensión para los futuros jubilados.
Según Monge la reforma aprobada el martes pasado por la Asamblea Legislativa, tendrá como consecuencia «restar la posibilidad de que los rendimientos de estos ahorros puedan dar mayor garantía en los ahorros individuales de los trabajadores», además de que serán menores.
El analista explicó que al hacer la mezcla de las tasas de interés que el Gobierno paga por los CIP, al final «se llegará a un 2% frente a un 7.5 a 8%, que es la tasa de interés promedio para plazos de hasta 50 años en este tipo de títulos en el mercado financiero internacional».
Es decir que lo que pagará el Gobierno a los trabajares por tomar prestado la mitad de sus ahorros es apenas la cuarta parte de lo que los fondos de pensiones ganarían en el mercado financiero internacional.
Lo anterior a pesar de que la Asamblea también se aprobó, en abril pasado, que la tasa de interés a pagar para los nuevos CIP será del 4%.
Como consecuencia los empleados que se vayan pensionando a futuro, tendrán una pensión menor, dado que habrán acumulado un menor ahorro, producto de la mayor inversión de sus cotizaciones en los CIP que pagan menos intereses que el mercado financiero nacional e internacional, razonó.
Recientemente, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), René Novellino, destacó que desde que se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que obliga a comprar los CIP a las AFP, se han dejado de percibir alrededor de $2,000 millones de rentabilidad por los bajos intereses que paga el Estado.
La otra implicación de acción de la Asamblea Legislativa es que se podría acudir a la Sala de lo Constitucional a solicitarle que se aplique lo que ya sentenció, en el sentido de que «mientras no se regule completamente el tema de las pensiones, este tipo ampliaciones de techos debería quedar congelado», concluyó Monge.
