El abogado y director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, concedió una entrevista exclusiva a Última Hora.sv donde habló sobre el alto grado de evasión y elusión fiscal del país y de poca voluntad política para combatir el flagelo.
Para Villalta, El Salvador no posee una estructura legal e institucional fuerte que permita tener una política fiscal que combata, prevenga y persiga la evasión y la elusión. Causa fundamental en la desigualdad económica y social en El Salvador.
“La política fiscal es el instrumento de política pública fundamental para la redistribución de la riqueza en El Salvador, (…) menos del 5% del pago de los impuestos es retribuido por parte de los que tienen más dinero. La carga tributaria salvadoreña es sostenida principalmente por el consumo, la clase media, clase trabajadora, que consumimos, y retribuimos al Estado más del 60% en pago de impuestos. El Estado salvadoreño se sostiene con dinero de los sectores más pobres y no de los que tienen mayores utilidades”, declaró.
De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en El Salvador la evasión fiscal está arriba de los $2 mil 500 millones de dólares y la elusión arriba de los $500 millones. Sin embargo, a juicio de Villalta, estos números solo contemplan el IVA, Renta y todavía no toman en cuenta la creación de sociedades offshore y el desvió de dinero a paraísos fiscales.
Respecto a los responsables indirectos de la evasión y elusión fiscal y tributaria, Villalta señaló que la clase política “todavía sigue mostrando vacíos, poco compromiso de cara a una regulación y establecimiento de nuevos procedimientos administrativos que garanticen el combate a la evasión”.
El jurista mandó un mensaje tanto a la derecha como a la izquierda. Desde su punto de vista, el ala conservadora y de poder económico mantiene un discurso contra la corrupción pero no un rumbo “claro, articulado y favorable” en contra de los mecanismos de evasión y elusión.
“La derecha no está muy interesada en crear mecanismos regulatorios de mayor dureza de mayor persecución, de mayor combate, para evitar, prevenir o combatir, la gran corrupción, que es la gran evasión en El Salvador”, indicó.
Por su parte, la izquierda sí maneja un discurso más fuerte contra los evasores pero no existe un compromiso claro, ni una línea ejecutoria que facilite a los actores estatales fortalecer las instituciones y captar y recuperar esos fondos.
