La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, reiteró al Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Palma Trejo, no cumplir con la orden de desalojo en la comunidad El Espino.
Las palabras de la titular en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se dan ante las informaciones que el jurista ha ordenado llevar a cabo el desalojo el próximo lunes a las 8:00 A.M.
«Reitero al Juez de Paz de Antigo Cuscatlán, José Palma Trejo, abstenerse de efectuar todo acto de lanzamiento de comunidad El Espino», publicó en redes social la funcionaria.
Raquel de Guevara basa su reiteración en el mandato Constitucional que emitió la PDDH, instancia que emitió una medida cautelar para que el Estado tome cartas en el asunto, respecto a un caso de desalojo forzado, en la cual personas latentes a este tipo de problemas están protegidas por los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y firmados por El Salvador.
Se le ha requerido al JdePaz #JoséPalmaTrejo que observe el standard internacional de protección de los DDHH frente a losDesalojos forzados
— Raquel de Guevara (@RaqueldeGuevara) 17 de noviembre de 2017
La procuradora afirma que el juez en mención no puede proceder hasta que el Estado salvadoreño verifique la situación y haya gestionado lo correspondiente en favor a los habitantes de la comunidad.
Dicha situación generó que la procuradora diera previo aviso a instancias como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), por si el juez pretende hacer caso omiso a la cautelar girada.
De Guevara explicó que el aviso a las instancias como la CSJ y CNR es porque no ven motivaciones en el juez de pensar en derechos fundamentales, y en este caso concreto en los habitantes de El Espino. Ya que de llevarse a cabo el desalojo la mayoría de afectados son niñas, niños y personas adultas mayores.
La respuesta por parte de CSJ y CNR es que el jurista ya tiene un expediente abierto, un revés para el juez que también tiene un decreto de censura pública por parte de la procuraduría por ser violador de Derechos Humanos.
