La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, pidió al Gobierno, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Fiscalía General de la República (FGR) promover el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de daños a víctimas de crímenes atroces cometidos por las Fuerzas Armadas y la guerrilla durante la guerra de los 80 en El Salvador.
Según la funcionaria producto del pasado conflicto armado, hay más de 22 mil casos de graves hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos, entre ellos el del beato Óscar Arnulfo Romero, que a 38 años de su asesinato, continúa en la impunidad, a pesar de que, según la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, se ha identificado a los culpables materiales e intelectuales.
En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, establecido por Naciones Unidas el 24 de marzo, fecha del martirio de monseñor Romero, la procuradora exhortó al presidente de la República Salvador Sánchez Cerén «a promover el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado, asumiendo con firmeza esta alta y trascendental responsabilidad».
A la CSJ pidió reinvidicar su independencia judicial frente a los otros Poderes del Estados, ceñirse por la Constitución y Tratados Internacionales y «colocando al centro los derechos fundamentales e inalienables de las personas. Asimismo, preste total apoyo a los juzgados y tribunales en los que se investigan crímenes de atrocidad» , en especial al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador por el «asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero», entre otros.
«Exhorto al señor Fiscal General de la República, licenciado Douglas Arquímedes Meléndez, a que materialice avances en las investigaciones abiertas por graves violaciones a los derechos humanos, cometidas en el contexto del conflicto armado, y posibilite en estricto apego a su mandato constitucional, el esclarecimiento de tales hechos y la identificación de sus autores», añadió en su pronunciamiento.
También recomienda «a los jueces y juezas de la República a administrar una pronta y cumplida justicia, haciendo uso de las herramientas de investigación que les concede el marco jurídico nacional, pero sobre todo los tratados internacionales de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como los criterios jurisprudenciales establecidos por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, en este tipo de casos».
Finalmente, la procuradora de Derechos Humanos, expresó a las víctimas y a sus representantes «su total respaldo y apoyo a sus justas exigencias» y les reiteró su infatigable y honesto compromiso para contribuir a que el Estado les garantice sus derechos humanos.
