Desmontaje de la trama difamatoria
Si nos atenemos a la información y a la supuesta prueba científica presentada por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, así como si nos atenemos a la lógica de la acción fiscal, Nayib Bukele debió haber sido capturado y puesto a la orden de los tribules.
Ciertamente, resulta inexplicable que, si una prueba es sólida e incrimina por igual a los hechores materiales y al autor intelectual de un delito, se capture y procese a aquellos y no a éste, dado que el principio jurídico insoslayable establece que “a la misma razón, la misma disposición”. La explicación de ese contrasentido evidencia a la vez el carácter insostenible del proceso en cuestión. Veamos los hechos.
El mencionado peritaje técnico fue realizado por Nelson Chacón Reyes, quién, según me confirmó en una entrevista la abogada defensora de los jóvenes imputados, Bertha Deleón, “es un perito accidental contratado y pagado por La Prensa Gráfica, y propuesto por la Fiscalía y la querella de LPG (la querella en términos judiciales es la acusación particular que generalmente actúa junto con la Fiscalía).
“El problema es que cuando se realizó dicho peritaje el procesado Andrés Ortiz Lara se encontraba detenido, y ni él ni su abogado fueron notificados de que se llevaría a cabo esa diligencia, por tanto no pudieron proponer puntos de pericia ni oponerse a los pedidos por la Fiscalía y la querella”, me advierte la abogada Deleón..
Por esa razón, el 14 de abril de 2016, el juzgado de instrucción, en el que se ventilaba el caso, emitió la siguiente resolución:
“Declárase nulidad absoluta de la juramentación del perito Nelson Chacón Reyes. En consecuencia declárase nulos los actos conexos del mismo. En consecuencia declárase nulo el peritaje de obtención y resguardo de información electrónica y peritaje informático”.
Es decir que el peritaje, único fundamento de las acusaciones de LPG y EDH, así como de la acción fiscal, no era legalmente válido y quedaba descartado. Pero, como se verá más adelante, la juramentación irregular del perito no era lo más grave. Lo peor e increíble en relación a esa supuesta prueba científica se conocería poco después. En todo caso en aquél momento el juzgado ordenó que la pericia se volviera a realizar en forma debida.
Pero mientras se esperaba el nuevo peritaje ocurrió un hecho muy significativo: cuatro meses después, el 22 de agosto, el ex Fiscal General de la Republica Luis Martínez, que había promovido la investigación contra los supuestos memistas y bajo cuya gestión se había realizado el famoso peritaje desautorizado, fue capturado y enviado a prisión por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal, es decir fabricación, falsificación o manipulación de pruebas.
En fin, el nuevo peritaje, esta vez realizado por Jorge Roberto Andrade, también propuesto por la Fiscalía y la querella, fue presentado el 11 de septiembre. Y fue entonces cuando surgió lo que antes dije que era lo peor e increíble en este proceso.
Como es natural, luego de esa presentación le tocaba a la parte defensora el turno de realizar su propia pericia, pero resulta que al solicitar los abogados defensores el acceso a los equipos electrónicos en los que se encontraba la información (es decir las computadoras y los teléfonos móviles que se habían incautado a los procesados y que estaban bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República), los fiscales simplemente dijeron que ese acceso no sería posible porque los equipos en cuestión se habían extraviado.
Eso es lo increíble. Según los fiscales, tales equipos fueron misteriosamente sustraídos o robados del Depósito de Evidencias de la Fiscalía General de la República, la institución que tiene el monopolio de la investigación de los delitos y que, en este caso, siendo ella la víctima no sabe ni cuándo ni cómo ni quien le robó las evidencias de un caso, haciéndola incurrir en una gravísima ruptura de la cadena de custodia, lo cual por sí mismo supone la nulidad absoluta de cualquier proceso.
Sin esos equipos no hay manera de probar la autenticidad de los peritajes realizados. Sin esos equipos, que contenían la información original, la defensa no tiene ninguna garantía de que lo que se presentó como prueba científica a los tribunales no haya sido el resultado de una manipulación o de un montaje. En suma, no existe ninguna prueba objetiva que incrimine a los procesados y a Nayib Bukele.
Lo increíble es que, a pesar de estos hechos y de tantas otras irregularidades tanto o más graves, el proceso haya continuado su curso normal como si tales cosas no hubieren ocurrido. Probablemente esta es la razón por la cual, no obstante la insistencia de La Prensa Gráfica y de El Diario de Hoy, y de las reiteradas ambigüedades declarativas del actual Fiscal General, Douglas Meléndez, no hayan podido procesar a Nayib Bukele y se hayan visto obligados a extenderle, en múltiples ocasiones, constancias y certificaciones, de no existir ninguna investigación o proceso en sede fiscal en su contra.
Pero si esto es así tampoco deberían estar procesados los supuestos memistas. Y todo esto se da en el marco de la insostenible judicialización de un simple meme. Ni modo, asi es la justicia en El Salvador, “ineficiente y corrupta”, como lo señala el citado informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Y así concluyó 2016. Ese año, nuevamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos rindió su informe sobre el Salvador, ¿y que creen ustedes que dijo ese informe?… Si, acertaron, dijo que en lugar de mejorar nuestro sistema judicial había empeorado::
“La corrupción considerable del sistema judicial contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo cual socavó el estado de derecho y el respeto del público por la judicatura. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, la Corte Suprema vio 201 casos en contra de jueces por irregularidades, destituyó a cuatro jueces, suspendió a otros 10 y presentó cargos formales contra 63 jueces”.
Y precisamente sería un juez el que le daría otra insólita e increíble vuelta de tuerca al juicio del meme.
