El Juzgado 4° de Instrucción dejó sin efecto el sobreseimiento definitivo decretado el 31 de marzo de 1993 a favor del capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del homicidio agravado en perjuicio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, en virtud de la derogatoria de la Ley de Amnistía, emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 13 de julio de 2016.
El caso de Monseñor Romero fue aplicado dentro de lo denominado como “Ley de Amnistía de Consolidación para la Paz», aprobada mediante el decreto legislativo número 486 de 1993, en donde Saravia obtuvo el sobreseimiento definitivo de forma automática.
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En la resolución del juez Rigoberto Chicas, se plasma que considera que es de carácter obligatorio que el juzgador acate la sentencia y, así, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas en aquellos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“Es procedente oír la opinión de la Fiscalía por considerar que el proceso fue iniciado de oficio sobre averiguar el asesinato de monseñor Romero y posteriormente atribuido al capitán Álvaro Rafael Saravia y otros sujetos que, según resolución judicial, no han sido individualizados”, indica la resolución.
El pasado 22 de marzo, el hermano de monseñor, Gaspar Romero Galdámez, autorizó a los abogados de la Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador “Doctora María Julia Hernández” solicitar la reapertura del caso del asesinato del beato salvadoreño.
El familiar de Romero presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abogando por conocer la verdad tras el magnicidio del arzobispo capitalino perpetrado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador a sueldo, quien ejecutó el plan homicida mientras Romero oficiaba un misa en la capilla del Hospital de Cáncer “Divina Providencia”, en San Salvador.
Romero fue nombrado beato de la Iglesia Católica en mayo de 2015 y actualmente continúa un proceso de santificación
