El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó este viernes la Ley de Simplificación Administrativa, con lo que los atrasos y atascos en las oficinas de aduanas internas y fronterizas continuarán siendo el dolor de cabeza de empresarios y transportistas mercancías.
La ley fue aprobada el pasado lunes con 45 votos de los partidos de derecha, que argumentaron la necesidad de agilizar la tromitología en la administración pública, sobre todo en materia de comercio exterior, con lo que esperan mejorar los tiempos de entrega de las mercancías tanto salientes como entrantes al país y atraer mayor inversión extranjera.
Aunque aún no conocen las razones del veto presidencial, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, argumentó que el presidente debería vetar la ley porque, desde su perspectiva, podría incurrirse en inconstitucionalidades, que no detalló.
Cáceres de limitó a decir que tienen 30 días para preparar un nuevo anteproyecto de ley de simplificación administrativa, que antes de llevarlo a la Asamblea Legislativa, deberá ser consultado con todos los sectores productivos.
El argumento principal en que se ampararon los diputados de derecha fue que se simplifican trámites administrativos, que los usuarios tengan respuestas eficientes, a tiempo, sin burocracia, ni duplicidad de esfuerzo y documentos; además de que protege al usuario y obliga al funcionario público a dar un servicio de alta calidad, según explicó Margarita Escobar, diputada del partido ARENA.
