El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, continúa intentando evadir ser señalado por cometer el delito de prevaricato luego de que el Organismo Colegiado decidiera cancelar al partido Cambio Democrático (CD) a pesar de que éste cumpliera con todos los requisitos para sustentar su seguridad jurídica.
«Se tergiversa la realidad, lo concreto es que la Sala fue quien se tardó en emitir esa resolución, si lo hubiera hecho en tiempo no estaríamos en este escenario, (…) Inaplicamos el artículo 47 pero luego el artículo 48 señala que el inicio del proceso de cancelación se hace teniendo firme la declaratoria de resultados electorales”, apuntó el magistrado.
Olivo responsabiliza a la Sala de lo Constitucional de inhabilitar al partido de acuerdo a resoluciones de inconstitucionalidad emitidas y reformas al Código Electoral por parte de la Asamblea Legislativa en 2015.
“El último interprete de la Constitución es la Sala y ésta tuvo solo dos semanas para resolver; pero tenía dos años, ocho meses para pronunciarse. La Sala desempeña siempre una función política y una agenda política y eso está más claro ahora”, dijo Olivo.
Ante la decisión del TSE de cancelar al CD, los magistrados podrían enfrentar demandas por cometer el delito de prevaricato, el cual, tiene lugar por decisiones arbitrarias y mal uso de potestades.
