El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aceptó este viernes que la muerte de unas 37 niñas en un centro de menores estatal en el que supuestamente sufrían agresiones físicas y sexuales es responsabilidad del Estado y pone en punto crítico a su Gobierno.
“Que es una responsabilidad de Estado es un hecho, pero entendiendo el concepto pleno de la palabra. El Estado de Guatemala está conformado por Gobierno y población”, admitió el mandatario durante una visita a uno de los hospitales donde están recluidas parte de las jóvenes heridas, después de que el jueves centenares de personas lo culparan de la tragedia bajo el lema “Fue el Estado”.
El miércoles se registró un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que se saldó con 37 niñas y adolescentes fallecidas y casi una veintena de heridas. Según los primeros indicios, ellas mismas originaron el fuego para protestar por las violaciones de derechos humanos que sufrían.
El mandatario, que ofreció a los periodistas una conferencia en la que aceptó preguntas, reconoció la responsabilidad de las instituciones, pero negó que ésta se pueda tratar como un crimen de Estado: “Un crimen de Estado no es algo que se tenga que manejar. Habrá que esperar a las investigaciones”.
Según algunos testimonios, la tragedia se originó tras una revuelta de los menores internos para protestar por las agresiones mientras las niñas estaban encerradas bajo llave en un aula de 4×4 en la que estaban castigadas por haber intentado escapar la noche anterior y en la que incendiaron una colchoneta.
Morales pidió a la población y a la prensa no dar por hecho las suposiciones y esperar a los resultados de las investigaciones internas, administrativas y penales que se están llevando a cabo por parte de las diferentes instituciones y que hasta el momento se han saldo con la destitución del director del centro.
“Generar hipótesis y darlas por sentadas es arriesgado”, resumió el presidente, que adelantó que se destituirá del cargo a todo aquel que pudiera tener “responsabilidad directa” en este hecho que pone en un “punto crítico” a su Gobierno.
“En cuánto a si pone en un punto crítico al Gobierno es un hecho. Un hecho de esta naturaleza bajo ninguna circunstancia se puede pasar inadvertido”, aseveró, al tiempo que insistía en que no se puede responsabilizar sólo al Ejecutivo.
El presidente enumeró durante varios minutos las decisiones que adoptó el Gobierno y dijo que se procederá a la clausura temporal del centro, porque los expertos dicen que no es apto, y que se está desinstitucionalizando a muchos menores, un proceso que empezó el pasado año entregando a los pequeños a sus hogares biológicos o de acogida para reducir la superpoblación.
La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían sido internados por ya haber cometido delitos.
Mezclar a todos estos jóvenes, explicó Morales, es una decisión judicial que es necesario abordar de “forma integral”, que va de lo administrativo a lo legal y judicial, y que “masificar” centros como éste puede producir este tipo de decisiones.
Este “trágico” hecho, en el que el número de víctimas “seguirá incrementándose” por la gravedad de las quemaduras de muchas de las heridas, no puede achacarse solo al Ejecutivo -insistió-, sino que “pone al descubierto” las limitaciones que tiene el país como Estado y que evidencia la necesidad de continuar con una “reforma profunda y severa”.
Mientras las niñas se siguen recuperando y el presidente da explicaciones, las familias siguen enterrando a las fallecidas. Este mediodía decenas de personas dieron sepultura a Rosa Espino, de 16 años, en el cementerio general de la zona 3 de la capital. Rosa María Tobar, la madre de esta joven fallecida, dio el último adiós a su pequeña entre sollozos y gritos de justicia para su pequeña.