El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso por posibles anomalías en la implementación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
El gobierno del FMLN bajo la administración del expresidente Mauricio Funes endeudó al país con $45 millones lo que llevó a que la Sala de lo Constitucional declarara dicho proyecto inconstitucional, dado que toda concesión de obra pública debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, tal y como lo ordena el Art. 120 de la Constitución de la Reública, según reconocidos abogados, entre ellos, Francisco Bertrand Galindo.
Al llegar al frente de la institución, el Ministro de Obras Públicas encontró muchas irregularidades, por lo que solicitó a la FGR que investigue los procedimientos que sus antecesores tomaron para determinar los delitos cometidos con ese proyecto.
Son 22 carpetas con información certificada de 21 reparos realizados por la Corte de Cuentas de la República, entre ellos, el contrato del préstamo, subcontratos y anticipos, inadecuado proceso de contratación, incumplimiento de los contratos, prórrogas no justificadas, y otras.
