La organización 5G America advirtió que se necesitan imponer reglas claras al uso de bloqueadores celulares pues la implementación de estas medidas «puede afectar el servicio y colocar a los operadores en situación de incumplimiento de obligaciones».
«Se pueden bloquear totalmente las comunicaciones en cárceles, pero se corre el riesgo de afectar el servicio de la población en zonas cercanas», según explica el white paper “El bloqueo de señales de servicios móviles en América Latina”, publicado por 5G Americas.
Como se explica en el documento, no existe una solución totalmente efectiva del bloqueo de comunicaciones en los penales que no perjudique a usuarios móviles que se encuentren en las cercanías de las instalaciones carcelarias.
«La industria móvil no puede ni debe ser la única responsable de corregir esta situación. Es el Estado quien debe velar por la seguridad de las personas y definir, en conjunto con las partes interesadas, las mejores y más razonables alternativas para evitar las comunicaciones con fines delictivos que se llevan adelante en los presidios de la región», concluye.
El pasado 30 de abril de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en firme una ley que impone multas de $755,100 por cada día a las empresas telefónicas que no bloqueen la señal de celulares en las zonas de los centros penales del país.
Desde entonces, diferentes usuarios que habitan en las cercanías de los centros penitenciarios han manifestado su inconformidad con respecto a la irregularidad en los servicios de comunicación; sin embargo, las telefónicas no pueden resolver debido al bloque de ley.
