El Gobierno, a través de los Ministerios de Hacienda y Trabajo, presentó una propuesta para reformar de manera estructural la Ley de Pensiones, que permitirá que tengan un incremento del 30 %, cambios que no afectarán al cotizante, ya que, se mantendrá la edad de jubilación, se tomará en cuenta el salario de los últimos 10 años y los aportes del trabajador.
“Nos parece una propuesta justa e innovadora que viene a corregir una deficiencia histórica que ha tenido el país, no se dejen engañar, es importante que lean la propuesta ya que habrá mucha especulación al respecto”, manifestó el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Además, Zelaya agregó que se ha incorporado un aporte mayor de los patronos destinado al ahorro para jubilación, que contribuirán al combate efectivo de la evasión de las cuotas patronales, disminución del 1 % a la comisión de las AFP y el pago de la siniestralidad o seguro para a la Cuenta de Garantía Solidaria.
Por otra parte, con la nueva reforma derogarán las Obligaciones Previsionales (FOP), que permitían la extracción de entre $400 y $500 millones al año de los ahorros de los trabajadores. “Hemos cerrado la puerta en la ley para que ninguna institución pública, ni el Gobierno se financia con el fondo de pensiones”, aseguró.