La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara, instó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al fiscal general Douglas Meléndez a investigar si los implicados en la red de trata de menores no incurrieron en otros crímenes derivados del acto de pagar por actos sexuales o eróticos con niñas y adolescentes.
Según la procuradora, la entidad fiscal debe iniciar acciones penales contra Maximiliano González (Gordo Max), Salvador Arévalo, Ernesto Regalado O’ Sullivan y Luis Alonso Marroquín, pues los cuatro acusados pudieron haber realizado delitos «tales como, estupro o violación agravada según corresponda».
Asimismo, Raquel Caballero felicitó que el fiscal general Meléndez «haya incoado la acción penal en contra de los clientes o personas que pagan por tener relaciones sexuales con las víctimas, ya que es un eslabón que no debe quedar fuera si se quiere erradicar dicho delito».
