La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) instó a las entidades del Estado a investigar y judicializar los crímenes de odio hacia las personas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexeuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) ocurridas en los últimos años.
A través del Primer Informe Situacional sobre Crímenes por Odio cometidos en contra de la Población LGBTI publicado a inicios de marzo, la PDDH hace una análisis y un diagnóstico que evidencia deficiencias en la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en cuanto a la investigación, judicialización, registro y sensibilización y trato hacia las víctimas de la comunidad.
Dentro del documento, la PDDH coloca 19 casos ejemplarizantes que reflejan que la situación de este grupo no ha cambiado significativamente, a pesar de las reformas penales que establecen que los hechos ocurridos por odio y amenazas motivadas por odio a la expresión de género son agravantes del delito de homicidio y amenazas.
«La mayoría de los casos planteados se encuentran activos en investigación, por tanto, no han sido judicializados, lo que impulsa a esta Procuraduría a incidir para que las personas afectadas puedan tener respuesta (de estos casos), por parte de las instancias competentes, con el objeto de contribuir a erradicar el nulo acceso a la justicia e impunidad que los rodea», establece el informe.
Desde 1995 hasta el 2016, han sido asesinadas más de 500 personas de la comunidad LGBTI, sin obtener respuesta positiva en la gran mayoría de ellos.
Dentro de la evaluación de la PDDH, la Fiscalía demuestra una «falta de interés y diligencia en la investigación de estos delitos y la ausencia de atención a las víctimas y a sus familiares». Existe una falta de respuesta a estos casos, lo que fomenta impunidad, inseguridad jurídica y la denegación o retardación de la justicia.
En cuanto a la PNC, se establece que hay una falta de credibilidad de los miembros de la población hacia la eficiencia y celeridad en la investigaciones de los delitos, esto por los casos donde agentes policiales han abusado de personas LGBTI.
Asimismo, Medicina Legal evidencia ausencia de la debida sensibilidad en los procedimientos de autopsia y reconocimiento. «A pesar de la evidente expresión de género femenina de las víctimas, al utilizar la expresión «hombres vestidos con ropa de mujer» se evita un registro correspondiente y se «invisibiliza» su pertenencia e identidad.
Finalmente, la Procuraduría hace recomendaciones para que estas instituciones hagan justicia a las víctimas, como lo manda la ley. A la FGR, la exhortan a que brinde respuesta «en un plazo razonable» a los 19 casos citados en el informe que se encuentran en investigación activa en el ministerio público. Además de celeridad en la acusación, sanción, y plantear políticas internas para garantizar trato igualitario.
La Policía deberá erradicar prácticas del matrato e irrespeto, fortalecer personal e investigaciones y abrirá espacios y mecanismos efectivos para denunciar estos crímenes debidamente, según el documento.
El Órgano Judicial habrá que capacitar al personal médico del IML sobre el procedimiento a seguir en los casos de homicidios cuyas víctimas son población LGBTI. Deberá registrar adecuadamente la información médica forense practicadas a víctimas cuya expresión de género es de una mujer u hombre trans. «Además de sus datos según su Documento Único de Identidad (DUI), el nombre con el que se identifica la víctima». Asimismo, la Corte velará porque los casos se resuelvan bajo el principio de «pronta y cumplida justicia», que se individualice y sancione a los responsables.
