Los diputados de los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC aprobaron hoy el Presupuesto General de la Nación de 2017 con 47 votos a favor, 11 en contra y dos abstención; pero no incluye el financiamiento para pagar el servicio de la deuda previsional, las pensiones de la Fuerza Armada y el subsidio a la energía.
A puerta cerrada, sin que los periodistas pudieran conocer las deliberaciones de los diputados, la Comisión de Hacienda de la Asamblea logró el dictamen favorable para que posteriormente el pleno aprobara un proyecto de presupuesto modificado que asciende a $4,957.8 millones, lo que representa un aumento de $97 millones con respecto al 2016.
Según el diputado del PCN, Mario Ponce, se reorientaron $22 millones de las partidas de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Ministerio de Hacienda.
El proyecto de presupuesto aprobado aumenta en $4.2 millones los fondos para los veteranos, elevando la partida a $6,238,000. También aumenta en $4.5 millones los recursos para el escalafón de salud, pasando de $10.6 millones a $15 millones, con lo que cubren el 93.6 % de los empleados. Además, la Procuraduría General de la República recibirá $1 millón más.
Sin embargo, deja sin financiamiento cerca de $1,000 millones en gastos, entre ellos el servicio de deuda de los Certificados de Inversión Previsional (CIP, que sirven para pagar las pensiones del sistema público), ya que la partida presupuestaria solo se abrió con $1,000, e igual es el caso del pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Tampoco se incluyeron los $110 millones que se necesitan para pagar el subsidio a la energía, y estos recursos saldrán del presupuesto del Grupo CEL.
Aunque en repetidas ocasiones los tanques de pensamiento y analistas habían advertido que los presupuestos, durante varios años, se han aprobado con un equilibrio artificial, las fallas en la elaboración de la planificación estatal de ingresos y gastos se reconocieron hasta que se conformó la mesa fiscal, a finales del año pasado.
Como parte de sus exigencias para respaldar la emisión de $550 millones en bonos, ARENA pidió presentar un presupuesto debidamente financiado y a esta solicitud se sumaron el resto de partidos políticos.
Tanto los analistas como los partidos políticos argumentaban que presentar un presupuesto que sobrestime los ingresos y subestime los gastos viola el Artículo 277, inciso primero de la Constitución de la República.
En este apartado, la máxima legislación salvadoreña indica que “el presupuesto contendrá, para cada ejercicio fiscal, la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, así como la autorización de todas las erogaciones”.
Desde diciembre, el FMLN dejó clara su postura: buscaría los votos para el proyecto de presupuesto que presentó en septiembre de 2016, prescindiendo del apoyo de ARENA. Aunque finalmente hizo algunas modificaciones para conseguir el respaldo de los partidos pequeños, estas no son suficientes para cubrir todas las necesidades de 2017.
