Todas las mujeres y niñas encarceladas en El Salvador tras sufrir abortos espontáneos, es decir no provocados, o alumbrar un bebé muerto deben ser liberadas, pidió el Parlamento Europeo este jueves.
Los eurodiputados instan a la Asamblea Legislativa salvadoreña a reformar el Código Penal para despenalizar el aborto, al menos en los casos en que el embarazo supone un riesgo para la vida de la madre o para su salud física o mental, en caso de grave malformación o inviabilidad del feto o en casos de violación o incesto.
Las iniciativas para despenalizar el aborto en El Salvador están bloqueados en la Asamblea desde octubre de 2016, por lo que los parlamentarios del viejo continente apelan a las autoridades salvadoreñas a suspender la legislación vigente, que prohíbe completamente el aborto, sin excepción.
Desde 2000, al menos 120 mujeres han sido procesadas en El Salvador por la muerte del feto en los últimos meses de embarazo. De ellas, 26 fueron condenadas por homicidio y 23 por aborto, en ambos casos a penas extremadamente largas. Son, en su mayoría, mujeres jóvenes, pobres, con poca formación y procedentes de comunidades remotas.
Los eurodiputados piden la suspensión de las penas para dos casos recientes: Teodora del Carmen Vásquez, cuya última apelación fue rechazada esta semana y quien lleva ya diez años en prisión, condenada a un total de treinta, y Evelyn Beatriz Hernández Cruz, cuya sentencia fue confirmada en octubre pasado.
La Cámara lamenta que “el cuerpo de las mujeres y las niñas (…) siga siendo un campo de batalla ideológica” e insta a las autoridades salvadoreñas a reconocer el derecho inalienable a la integridad de su cuerpo. Para los eurodiputados, la prohibición general del aborto, incluso en caso de violación o incesto, así como la negativa a facilitar una cobertura sanitaria gratuita en caso de violación, son “equiparables a la tortura”.
El texto destaca que la violencia de género es un problema serio en El Salvador, donde una mujer es agredida sexualmente cada tres horas, y más de 1,000 mujeres fueron asesinadas en 2015 y 2016. El país tiene, además, una elevada tasa de embarazos entre niñas y adolescentes, en muchos casos resultado de violación y abusos. Según datos del Gobierno, en 2015, hubo 1.445 embarazos de niñas entre 10 y 14 años.
Las mujeres que sufren embarazos espontáneos o dan a luz fetos muertos suelen ser procesadas por sospecha de haber abortado, a veces tras la denuncia de personal sanitario, que teme sanciones en caso de no hacerlo.
