La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y demás organizaciones solicitaron ayer al Gobierno salvadoreño la prohibición definitiva, y con carácter legal, de todo tipo de actividad relacionada a la explotación minera y derogar por inconstitucionalidad la Ley de Minería de 1995 aún vigente.
El ambientalista Saúl Baños afirmó que luego que el Estado obtuvo e fallo a favor en el Tribunal del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, es el momento adecuado para prohibir categóricamente la minería metálica en El Salvador.
Baños presentó una propuesta de decreto ejecutivo para la suspensión de las concesiones mineras reguladas por la ley.
Según el representante de la organización la normativa de 1995 tiene vicios de inconstitucionalidad porque cuando se aprobó no obtuvo el consenso de todas las fracciones legislativas ni fue consultada con la población que iba a ser afectada.
Asimismo, el marco legal establece que la encargada de entregar concesiones de este tipo es la Dirección de Hidrocarburos y Minas, del Ministerio de Economía, lo que entra en disputa con el artículo 120 de la Constitución que establece que toda concesión que apruebe el Organo Ejecutivo será sometida a conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación.
