El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la deuda exterior y libertades fundamentales, Juan Pablo Bohoslavsky, visitará Panamá a fin de analizar el impacto sobre los derechos humanos de la elusión y evasión fiscales de personas y empresas.
El experto independiente estará en el país canalero entre el 2 y 10 de mayo, un viaje que se produce tras la filtración de los llamados «papeles de Panamá» por un bufete de abogados con sede en el país, que atrajo la atención internacional al problema.
El propósito de su visita a territorio panameño es comprender mejor «los esfuerzos realizados por el país para incrementar la transparencia financiera y reducir las corrientes financieras ilícitas», señaló Bohoslavsky en un comunicado.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU le pidió a este relator especial examinar el impacto de estas transacciones ilícitas. Las corrientes financieras ilícitas pueden derivarse de abusos fiscales, corrupción u otras conductas delictivas, tales como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La reducción significativa de estas transacciones para el año 2030 forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, recordó el experto. «Las corrientes financieras ilícitas comprometen la justicia de la política tributaria, el Estado de derecho y la capacidad de los estados para dirigir efectivamente los recursos públicos a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales», dijo.
De igual forma enfatizó que «la provisión de servicios financieros puede traer beneficios económicos a un país y a su población, pero no debe menoscabar los derechos económicos y sociales en el país o en el extranjero».
El relator quiere asimismo comprender «en qué medida el impresionante crecimiento económico de Panamá se ha traducido en mejoras en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales para todos sus residentes», indicó.
Por último quiere conocer el papel que las autoridades y las instituciones financieras internacionales desempeñan para prevenir efectos negativos sobre los derechos humanos en la implementación de los grandes proyectos de infraestructura en el país. Bohoslavsky se reunirá con altos funcionarios, incluidos representantes de diversos ministerios, la Asamblea Nacional y otras instituciones públicas.
También se entrevistará con representantes de instituciones financieras internacionales, empresas, organizaciones internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil, bufetes de abogados, académicos y otros actores clave.