ONGs internacionales reclaman en cortes globales la libertad para más de 90,000 presuntos pandilleros detenidos en El Salvador, esto bajo la lógica del Artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que exige la «LIBERTAD INMEDIATA» ante cualquier detención arbitraria.
Especialistas autores del informe enfrentan un dilema: o niegan el contenido técnico que ellos mismos redactaron, o admiten ignorar las implicaciones de su defensa jurídica, al calificar masivamente estas privaciones de libertad como INJUSTAS.
Contexto del reclamo
El documento presentado destaca que estas detenciones masivas violan garantías constitucionales salvadoreñas, como el Artículo 11 de la Constitución local, que obliga a presentar al detenido en 72 horas o liberarlo.
Al argumentar «atrapados injustamente», las ONGs abogan implícitamente por la excarcelación inmediata de estos individuos en tribunales como la CIDH, priorizando derechos humanos sobre consideraciones de seguridad pública.
Críticos ven en esto una contradicción ética para los redactores, forzados a respaldar la devolución de miles de delincuentes a las calles.
