El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, intenta evadir ser señalado por cometer el delito de prevaricato luego de que el Organismo Colegiado decidiera cancelar al partido Cambio Democrático (CD).
Olivo, busco “lavarse las manos” por medio de un extenso comunicado en sus redes sociales en el que responsabiliza totalmente a la Sala de lo Constitucional por la inhabilitación del CD; y acota que lo anterior fue lo que le obligó a cancelar al instituto político.
Recientemente, el magistrado explicó que tras resoluciones de inconstitucionalidad emitidas por la Sala y reformas al Código Electoral por parte de la Asamblea Legislativa en 2015, lo llevaron a la conclusión de que entonces no procedía la cancelación del CD y otros partidos que no alcanzaron el mínimo de 50 mil votos o un diputado.
Sin embargo aclaró que la Sala de lo Constitucional en una sentencia inoportuna el 10 de julio de 2018 se pronunció sobre la inaplicabilidad del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos (LPP) remitida por el TSE en 2015, dejándola sin efecto.
Ante la decisión del TSE de cancelar al CD, los magistrados podrían enfrentar demandas por cometer el delito de prevaricato, el cual, tiene lugar por decisiones arbitrarias y mal uso de potestades.
