Desde el pasado 16 de abril, Colombia ha sido testigo de una ola de violencia dirigida contra la Fuerza Pública, con el asesinato de 14 policías en el marco del llamado «plan pistola». Este plan fue orquestado inicialmente por el Clan del Golfo, tras la muerte de uno de sus líderes, alias Chirimoya, en una operación policial el 5 de abril en La Apartada, Córdoba. Los agentes han sido blanco de ataques mientras cumplían con sus deberes, evidenciando la grave amenaza que enfrentan las autoridades.
Fuentes de Inteligencia han revelado que el Clan del Golfo ofreció una recompensa de $3 millones de pesos a quienes ejecuten atentados contra la policía, como parte de una represalia por la pérdida de su cabecilla. Esta situación se agrava con la participación de otros grupos armados, como el ELN y las disidencias de las Farc, quienes también mantienen una ofensiva constante contra las fuerzas del orden y sus instalaciones.
Ante esta alarmante situación, el Ministerio de Defensa de Colombia ha respondido ofreciendo una recompensa de $200 millones por información que permita prevenir futuros ataques. Esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana para contrarrestar la violencia y proteger a los miembros de la Fuerza Pública, quienes continúan desempeñando su labor en un contexto de alto riesgo.
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