El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió este miércoles para abordar la crisis política de Nicaragua, en especial por la violación a los derechos humanos de la población que exige la renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
Según diversas fuentes, desde el 18 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones populares contra el régimen de Ortega, más 264 personas habrían perdido la vida y alrededor de 1, 800 son reportadas como heridas, a manos de la Policía y los grupos paramilitares.
La sesión comenzó alrededor de las 8:20 de la mañana, hora centroamericana, con acusaciones de diferentes cancilleres sobre que en Nicaragua se ha instaurado un régimen que desmanteló la totalidad de las instituciones democráticas, donde el Estado de derecho fue aniquilado y no existe independencia de los poderes del Estado y de que el Ejecutivo controla todas las instituciones estatales y la ciudadanía se encuentra indefensa frente a una voluntad dictatorial que no tiene límites ni en la Constitución ni en las leyes.
Por su parte el canciller nicaragüense, Denis Moncada, denunció que la actividad delincuencial de las bandas terroristas ha causado crímenes, asesinatos, muertos, secuestros, torturas «a nuestra población durante todo este tiempo».
En tanto que el embajador estadounidense Carlos Trujillo en la OEA expresó que “Estados Unidos condena la violencia contra los ciudadanos y contra la Iglesia Católica”.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, urgió a buscar una solución antes de que continúe el derramamiento de más sangre: “Necesitamos respuestas urgentes que permitan soluciones sin que corra más sangre”, dijo.
“No podemos admitir” el ataque de paramilitares que aterrorizaron a la población civil. Fuerzas policiales y paramilitares vinculadas al Gobierno hace dos días realizaron acciones que han costado la vida de muchas personas. Muertes que no podemos admitir. Y que mucho menos podemos aceptar en silencio. Personas encapuchadas y armadas aterrorizan y aterrorizaron a la población civil en el proceso de desmontar los tranques que se levantaron en ciudades como Diriamba, Dolores, Jinotepe y Matagalpa», denunció.
Finalmente el canciller de Nicaragua explicó que para poder dialogar sobre temas políticos, el gobierno debe garantizar la seguridad. “Cualquier ruta que diseñemos pasa por el respeto a la Constitución política de Nicaragua, al ordenamiento jurídico y al Estado de derecho. No se puede intentar resolver una situación si los países amigos nos piden que rompamos la Constitución. Solicitamos la comprensión a todos los países para los apoyen. No podemos sentar precedentes de cambiar de la noche a la mañana”, enfatizó.
