Luego de la sentencia judicial en el caso de Dobbs vs Jackso, la Corte Suprema estadounidense, determinó que la Constitución de EE.UU. no permite ninguna concepción de aborto legal.
Desde entonces, diversas fuerzas políticas del país norteamericano tomaron múltiples decisiones con el fin de evitar que las mujeres puedan tener acceso al aborto a través de medicamentos como la mifepristona.
Por su parte, algunos grupos antiderecho de Estados Unidos presentaron una demanda para mantener la flexibilización para obtener dicho medicamento, desafiando la sentencia de la Corte Suprema y a la Constitución misma.
De esta manera, las múltiples fuerzas de activismo político se divieron nuevamente para regular el aborto, tanto para legalizarlo como para mantenerlo prohibido.