Desde hace ocho años, las empresas MOLSA y HARISA no han pagado la millonaria multa que les impuso la Superintendencia de Competencia (SC), por repartirse el mercado de las harinas de trigo en El Salvador para manipular los precios a su conveniencia.
El 4 de septiembre de 2008, La SC aplicó una sanción de $1,971,015.16 a MOLSA, mientras que a HARISA le impuso $2,061,406.20 por el delito, tipificado como práctica anticompetitiva, que consistió en dividirse el mercado en 55% para una y 45% para la otra, explica el superintendente de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez, en un artículo de opinión publicado el 14 de marzo en Diario El Mundo.
El funcionario explica que, después de varios recursos y contrarrecursos de amparo entre las empresas y la SC ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esta última instancia judicial dio la razón a la Superintendencia, sin embargo aún no se ha dictado la sentencia definitiva.
El titular de la SC confirmó que el pasado 15 de febrero dos jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo votaron a favor y dos en contra de que queden firmes las multas, por lo que los mismos piden que se llame a la magistrada suplente para desempatar el caso y dictar el veredicto definitivo.
El superintendente de Competencia llama la atención pública sobre las prácticas anticompetitivas, que califica como “modalidades de corrupción privada, de corrupción en el mercado y en los negocios, y que no sancionarlas significa contribuir a la impunidad en El Salvador”.
Estas prácticas anticompetitivas han distorsionado el mercado desde hace muchos años, afectando los ingresos de los panificadores y el bolsillo de los consumidores, razona el superintendente de Competencia.
“Hago un llamado a las organizaciones que actualmente denuncian con firmeza la corrupción y la impunidad para que se informen, analicen y pronuncien sobre este caso… Detengamos la impunidad. Ojalá todavía estemos a tiempo”, destaca Rodríguez
