La diputada Mayteé Iraheta propondrá relanzar la Policía Rural como una respuesta a la situación de violencia e inseguridad que viven productores y pobladores de las zonas rurales del país y que incluso ya ha dejado cuantiosas pérdidas y desempleo.
“Estamos en una fase clave para la recolección de café y caña. Esta división de la policía es la que se dedicaba a atender al sector agro y fue una de la que más logró reducir el delito en este rubro”, explica Iraheta sobre la Policía Rural que durante la gestión actual pasó a ser un división de la Subdirección de Investigaciones.
Recordó también que la policía creada en 2006, nació para perseguir el cuatreterismo, delito que se logró reducir al menos en un 54%; también perseguía el robo de café, caña, cuido de cultivos, patrullaje y disuasión.
La legisladora mencionó casos como el del municipio de Caluco, donde incluso se originó un éxodo de familias por la situación de inseguridad mientras que en Izalco y Nahuizalco se ha registrado el asesinato de pequeños productores.
Mayteé Iraheta dice estar convencida de la urgencia de legislar para dar impulso y proteger a los campesinos, agricultores y productores.
Para dimensionar el impacto de esta situación que denuncia Iraheta, basta revisar algunas cifras: La Federación de las Asociaciones de Productores de Caña de Azúcar rindió un informe en el que reveló que la zafra de 2015 se perdió alrededor de 18 millones de dólares por el accionar de pandillas.
En la de 2014 se contabilizaron al menos 2 millones de dólares solo en pago de extorsiones a las pandillas. A esto se suma que alrededor de 17 mil manzanas de cultivos de caña de azúcar, que todavía no estaban listas para ser procesada, fueron quemadas por esos grupos ilegales.
La situación se agrava con el reporte de 2016, en el que se contabilizan al menos siete trabajadores desaparecidos. Pese a que se dispuso una delegación por cada departamento del país, hoy en día no cuentan con los recursos para hacerle frente a la situación que experimenta el país.
El mismo Banco Central de Reserva (BCR), ha señalado que los homicidios y las extorsiones son los delitos que más afectan el crecimiento económico de El Salvador.
Actualmente son apenas 1,500 efectivos de la Policía Rural que tratan de dar seguridad, a la zona cafetera, cañera, los arrozales, y a toda la comunidad rural y que deben combatir las amenazas, extorsiones, robo de productos, quema delincuencial y desapariciones.
