El analista político, Juan José Martel, calificó de «altamente positiva» la propuesta de reforma enviada por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, para que los delitos de corrupción no prescriban y se pueda procesar a funcionarios de gobiernos anteriores que hayan cometido actos de corrupción.
«La solicitud de reforma penal para volver imprescriptibles los delitos de corrupción es altamente positiva, y al declarar el delito de orden público se admite la retroactividad», sostuvo el analista en una entrevista radial.
La medida, presentada al Congreso el pasado martes, estipula la modificación de artículo 32 del Código Procesal Penal para incluir los delitos de corrupción, ya que actualmente solo determina que no prescriben los delitos de tortura, terrorismo, secuestro, genocidio, desaparición forzada y los crímenes sexuales contra menores de edad.
La iniciativa también busca que la reforma se declare de «orden público» para que aplique a delitos cuyo periodo de persecución penal haya concluido.