La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dafne Sánchez, confirmó ayer que aproximadamente hace cinco meses renunció a la Comisión de Ética y Probidad, organismo encargado de evaluar los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, previo a trasladarlos al pleno de la Corte.
“No me acuerdo de la fecha exacta, pero hay un acuerdo en Secretaría General en donde está la sesión de Corte Plena en donde yo renuncié al cargo… Renuncié por la carga enorme de trabajo que requiere esta Sala (de lo Contencioso Administrativo) y la reuniones de Corte Plena, pues la Comisión de Probidad requiere de bastantes reuniones. Entonces la carga era excesiva”, afirmó Sánchez.
La magistrada descartó que su renuncia se deba a “presiones políticas” recibidas al ser parte de la comisión que conoció, previo a la votación de Corte Plena, los casos de ocho funcionarios que enfrentan juicios civiles por indicios de enriquecimiento ilícito.