El presidente venezolano, Nicolás Maduro, restringió las garantías constitucionales, para preservar el orden interno, ante los últimos acontecimientos violentos en que se ha visto el país, tras la serie de protestas en contra de la nueva Constituyente, propuesta por el mandatario.
Según el decreto, el Ejecutivo puede tomar las medidas excepcionales, que considere necesarias para garantizar el pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población, como el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, entre otros bienes y servicios.
Salvo las excepciones que establece la Constitución, que son “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”, la decisión del Ejecutivo señala que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales.
El Gobierno podrá diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras, que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados.
Entre otras atribuciones, el decreto faculta al Ejecutivo a disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
El decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero del año pasado.
