El abogado, Roberto Cuéllar, quien se desempeñó por cuatro años como director del Socorro Jurídico que funcionó en el Externado San José a finales de los años 70’s oficina precursora a Tutela Legal del Arzobispado, y quién fuera asesor muy cercano a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, explicó que después de la muerte del padre Alfonso Navarro, los grupos económicamente fuertes de El Salvador desataron toda una campaña de desacreditación, difamación y denigración contra el Arzobispo en el marco de la Libertad de Expresión que lo sentenció dos años antes de su muerte.
A pocos días de la canonización de Monseñor Romero, en Roma, se retoman declaraciones del abogado, quien evoca la esencia del accionar de Monseñor: “La política del Arzobispo favoreció sin duda los derechos de las personas más necesitadas, extremadamente pobres y las que tenían menos privilegios y desfavorecidas en la sociedad salvadoreña de la época”, afirmó Cuéllar.
Sin embargo, a raíz de lo anterior, se inicia una campaña en mayo de 1978, que condenó al Arzobispo Romero dos años antes de su martirio; Cuéllar recuerda que se repartieron volantes en todo el país, en las parroquias, en los colegios católicos en donde decía: “Haga patria, mate un cura”. Por las radios los campos pagados aumentaban el tono y vociferaban: “Haga patria, mate un cura; haga nación, mate al obispo (cabrón)”. La última palabra Cuéllar evita pronunciarla, pero así terminaba.
«Por esa campaña harían muy bien en pedir perdón, porque esa campaña se hizo en el marco de la mal llamada libertad de expresión que estaba en manos de tres o cuatro medios de comunicación de la época”, aseguró Cuéllar.»
Según Cuéllar, los actos y los mensajes de Romero hicieron llegar su presión a Roma, y los grupos económicamente poderosos pidieron al Vaticano enviar investigadores apostólicos para escudriñar los errores y las falsedades que supuestamente el Arzobispo planteaba en sus homilías.
