A propósito del inicio del juicio contra el expresidente Saca y otros exfuncionarios, en los próximos días el centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, tendrá nuevos inquilinos.
Los veedores judiciales están a punto de interponer sendas denuncias vinculantes para iniciar procesos judiciales contra varios ex magistrados de la Sala de lo Constitucional y los actuales magistrados de Tribunal Supremo Electoral.
La evolución del modelo “hacer lo que haya hacer para que Nayib no gane” cumplió en forma perfecta el diseño estratégico de la trama que ya había desarrollado varios capítulos. Una perfecta cooptación de toda la fuerza del Estado para detener a Bukele.
Y eso “hacer todo lo posible” ha significado concretamente activar juicios infundados a través de la Fiscalía en contra de Bukele, por ejemplo el caso del “Juicio del Meme” por parte de la derecha, o el “Juicio de la Manzana”, promovido por una poderosa asesora del FMLN y por el lado más radical del FMLN.
Y de ahí, por el constante bloqueo político, sistemático y descarado, primero con la expulsión de Bukele del FMLN, la no inscripción de Nuevas Ideas como partido político, la cancelación del CD a todos luces violando las leyes del país y, finalmente, por el juicio exprés promovido por la Fiscalía un día después de ser declarado candidato a presidente.
En los últimos pasos de la trama para detener a Bukele concurrieron otras dos instancias de muchísimo poder político y que terminó por consolidar a ARENA y al FMLN y todo su aparato de información.
Ignacio Ramonet, director del principal medio de comunicación de Francia, Le Monde Diplomatique, explica en forma breve el modelo: Los medios (tradicionales) viven en la actualidad “la dictadura de la urgencia”, y esa rapidez de la información ha permitido que mitiguen la ética periodística en la práctica que forma parte de un contexto, donde las redes sociales han empoderado a los ciudadanos que funcionan con la lógica del enjambre.
Esa emergencia por romper el cerco de la manipulación mediática no estuvo en el diseño de la alianza ARENA – FMLN y una especie de naciente primavera salvadoreña ha puesto al desnudo el entuerto.
Los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional le hicieron el mandado a ARENA y quisieron elegir por decreto al candidato presidencial de ese instituto político; con ese acto parece como si pagaron toda la factura de todo un andamiaje de protección, del que gozaron durante sus nueve años por el modelo de Aliados por la Democracia, un diseño en el que participaron ARENA, FUNDE, FUSADES y ANEP, entre otros.
Aquella Sala, de una forma curiosa, sacó del archivo una resolución que a todas luces violaba la Ley de Procedimientos Constitucionales, y le allanaron el camino al Tribunal Supremo Electoral en donde la “Nueva Alianza” ARENA, FMLN, PDC, PCN y Democracia Salvadoreña ya tenían los votos para cancelar al partido Cambio Democrático. Ahí todo dependía de una correlación de intereses que, en gran parte, dependía del presidente de ese tribunal, bajo las órdenes de una de las otrora mujeres más poderosas en el FMLN y otros tres magistrados.
Aliados por la Democracia ya desapareció, su última incursión fue en el juicio más mediático de la historia, el Juicio del Meme, pero ya llegaron fragmentados, casi con la sola presencia de Roberto Rubio, de FUNDE, el resto parece que fue comprendiendo su instrumentalización de la derecha, y terminaron en pequeñas escisiones como Movimiento Libertad y DECIDE, entre otros.
El Juicio del Meme tomó vida en un tribunal de Santa Tecla, por un juez familiar muy cercano a un exprecandidato del FMLN y que podría recibir en pago el nombramiento de otro de sus familiares como magistrado en la Sala de lo Constitucional; en todo ese contubernio formó parte del primer capítulo para inhabilitar a Bukele. Todo esto es parte de esa alianza que día a día tiende a consolidarse con el reparto de cuotas de poder.
Todos esos funcionarios han cometido actos arbitrarios, que son penados de dos a cuatro años, por incumplimiento de deberes que van de cuatro a seis años de prisión y prevaricato que los podría mandar a la cárcel de uno a tres años. Eran los garantes de la ley y se han convertido en sus mayores violadores.
Allá está el sector nueve de Mariona esperándoles.
