En el pasado reciente, algunos funcionarios de elección popular utilizaron los «finiquitos» emitidos por la Corte de Cuentas de la República (CCR) como una estrategia de campaña en busca de la reelección a sus cargos o aspiraciones a nuevos puestos, como es el caso del exalcalde de San Salvador Norman Quijano y el expresidente Elías Antonio Saca.
En el caso de Quijano, en octubre 2013 le fue emitido el finiquito para que pudiera inscribirse como candidato a la presidencia para el periodo 2014-2019, pero en diciembre del mismo año le fue retirado por la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, luego de que se se auditora su gestión y se encontrara que estaba en proceso el juicio de cuentas «JC-08-2012-8».
En cuanto al expresidente Saca, el entonces presidente de la CCR, Hernán Contreras, le emitió la solvencia al día siguiente de haber dejado su cargo, algo que fue muy cuestionado por los medios de comunicación y algunos políticos disconformes con su gestión y su traición al partido ARENA.
A Saca se le cuestionó también el hecho de que, casi cinco años después de haber salido de Casa Presidencial, la CCR le emitiera otro finiquito para que pudiera ser inscrito en el Tribunal Supremo Electoral como candidato presidencial de la colalición entre el PCN, GANA y el PDC, denominado como «UNIDAD».
En su momento, Saca manifestó que «ya está inscrita la coalición UNIDAD. Hemos subsanado lo que el Tribunal Supremo Electoral nos estaba observando», al referirse al requisito de presentar el finiquito para inscribirse como candidato. Sin embargo ahora está guardando prisión y es procesado por haber, supuestamente, malversado más de $246 millones.
Los medios de comunicación y algunos políticos también han cuestionado la emisión de los finiquitos otorgados a los expresidentes Francisco Flores y Mauricio Funes, que aunque no buscaron la reelección u otros puestos de elección popular, recibieron la solvencia de parte de la CCR y han sido objeto de proceso administrativos por enriquecimiento ilícito.
A Flores se le enjuició por haberse, presuntamente, apropiado de $15 millones procedentes de la cooperación taiwanesa que venía destinada para ayudar a los damnificados de la colonia Las Colinas, de Santa Tecla, que perdieron sus casas tras los terremotos de 2001.
En el caso de Funes, a pesar de haber recibido la solvencia de su gestión presidencial por parte de la CCR, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, no haber podido comprobar el incremento de su patrimonio en más de 700 mil dólares. Para evitar ser capturado, el exmandatario huyó a Nicaragua, donde permanece asilado.
Lo anterior demuestra que el hecho de que un expresidente o alto exfuncionario público obtenga el finiquito de la CCR no significa que no tenga irregularidades, hallazgos o procesos de investigación abiertos.