En 2015 El Salvador se posicionó como el país más violento de la región centroamericana y fue diagnosticado con epidemia de violencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a la falta de políticas públicas que demostraron la incapacidad de gobernar del partido FMLN.
Al encontrarse acorralado y siendo manipulado por las estructuras pandilleriles, el FMLN tuvo una ocurrencia: gravar otro impuesto a la población salvadoreña, esta vez, en el rubro de las telecomunicaciones.
A partir de esto la población percibió un 5% de aumento en el total de sus facturas de servicios de telefonía otorgando al gobierno millones de dólares para sus instituciones, pero las cifras de homicidios siguieron en aumento, pues a diario mueren de forma violenta más de 8 personas.
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La inseguridad y los asesinatos han seguido a la alza a pesar del dinero que el gobierno recibe para crear políticas de seguridad, las cuales, según analistas, son nefastas e insuficientes para enfrentar el problema.
De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, el FMLN recibe al menos $50 millones cada año, pero El Salvador sigue sangrando. Este es el legado de inseguridad que deja el partido que demostró su incapacidad y falta de actitud en 10 años de poder.
