En diciembre de 2012, los máximos líderes de las pandillas salvadoreñas y del crimen organizado dieron una conferencia de prensa. El tema era para exigir que las autoridades cesaran en perseguirlos si ellos disminuían los asesinatos. El acuerdo sería conocido por los salvadoreños como “La Tregua”, y el único resultado visible de ese acuerdo, apoyado en secreto por algunos funcionarios de gobierno, fue el fortalecimiento de las maras y el aumento de las extorsiones.
La mesa principal estaba conformada por Carlos Mójica Lechuga, “el Viejo Lin”, líder la Mara 18 y condenado a 40 años por desmembrar a una mujer, por tenencia de armas de guerra y agrupaciones ilícitaciones; Raúl Mijango, un ex guerrillero que asumió el papel de mediador y condenado a 18 años de cárcel por ordenar el asesinato de un pandillero que se negó a formar parte de la tregua y por extorsionar a una empresa de granos básicos; así como Borromeo Henríquez, el “Diablito de Hollywood”, líder de la MS, huésped de Zacatraz, acusado de asesinatos, de ordenar extorsiones y de crear todo un imperio del crimen organizado; y por Saúl Ángel Turcios, “el Trece”, otro de los palabreros de la Mara Salvatrucha, y acusado del asesinato de 3 de sus compañeros de pandillas y de 2 abogados.
Pero a un lado de la mesa, también destacaba un ex huésped del sistema penitenciario salvadoreño, otro hombre condenado por asesinato y robo: Guillermo Antonio García Bernabé, conocido en algunos círculos obscuros como “Paco Paquirrio” y lo más llamativo, un funcionario de estado, específicamente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El vínculo de García con el crimen y las cárceles viene desde hace mucho tiempo atrás. García fue condenado a 10 años de prisión en 1995 por el asesinato de José Douglas Portillo, crimen ocurrido en la plaza Gerardo Barrios un año antes. También fue condenado a 2 años más por robo agravado, aunque apeló y la pena fue reducida a 6 meses de cárcel.
Después de salir de prisión, García Bernabé estudió derecho y se graduó como abogado. Unos años después, su vida daría un giro radical al pasar de ser un convicto condenado por asesinato a ser un jurídico encargado de la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños en la PDDH.
A pesar de su pasado, fue contratado por la anterior procuradora, Beatrice de Carrillo como motorista, pero fue bajo el mandato de Óscar Luna y de David Morales que tuvo un ascenso meteórico en la institución: pasó ser de motorista ganando $600, luego a colaborador en el área legal y después le dieron la plaza de Jurídico con un sueldo de $1,210 mensuales.
García también fue ascendiendo en otro lado, en el sindicato de la PDDH, conocido como Seprodehes, donde ocupa el cargo de secretario de Comunicaciones y desde donde ha lanzado fuertes criticas y convocado a protestas en contra de la actual gestión.
Fuentes internas de la PDDH, confirman que la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, ya inició el proceso de destitución de García, porque está en desacuerdo con sus antecedentes y porque tiene una investigación abierta por solicitar dinero a usuarios de la institución, así como por amenazas a otros empleados. El proceso está en este momento en la Comisión de Servicio Civil de la PDDH.
