La legislatura 2018-2021, que terminará este viernes 30 de abril, dejará muchas deudas: se irá sin aprobar varias leyes y reformas de ley urgentes orientadas a resolver problemas que vulneran derechos, afectan la vida de la población y constituyen serios obstáculos para construir un país más digno.
«Necesitamos una Ley de Agua que sea para beneficio del pueblo y nos negamos a su privatización. Además, solicitamos un aumento al salario mínimo», expresó Francisco Ayala, representante de la organización Poder Popular, durante una concentración en la plaza Gerardo Barrios.
Una de las mayores deudas de la saliente gestión parlamentaria es, sin dudas, la no aprobación de la Ley General de Agua, dado el grave deterioro de los bienes hídricos.
En el ámbito socio-económico, los diputados salientes tampoco aprobaron una reforma integral del sistema de pensiones. También han sido víctimas de la irresponsabilidad parlamentaria las leyes de Reconciliación y de Defensores/as de Derechos Humanos.
