La entrada al Ministerio de Agricultura en Brasilia fue atacada hoy con bombas molotov por manifestantes que exigían la renuncia del presidente Michel Temer, en una protesta que comenzó en forma pacífica pero derivó en hechos de violencia.
Otros ministerios también fueron atacados por los manifestantes, que rompieron cristales en las sedes de Hacienda, Minas y Energía y Turismo, entre otras carteras.
Sin embargo, la situación era más grave en Agricultura, de cuya sede se desprendió una gruesa columna de humo negro que tenía como origen un incendio desatado en la planta baja y que fue finalmente sofocado por el cuerpo de bomberos, en medio de serios desórdenes.
Los incidentes obligaron a liberar a todo el personal de los ministerios y otros organismos públicos que se encuentran en la zona de la capital en que ocurrían los conflictos.
La manifestación fue convocada por sindicatos que inicialmente protestarían sólo contra reformas de corte liberal impulsadas por el Gobierno, pero que tras conocerse los graves escándalos de corrupción que salpican el mandatario agregaron la consigna “Fuera Temer”.
Según cálculos de la Policía Militar, a la manifestación se han sumado unas 25.000 personas, muchas de las cuales llegaron a la capital desde otros puntos del país, movilizadas por los sindicatos.
Si bien comenzó en forma pacífica, la manifestación degeneró en actos de violencia, que comenzaron cuando la policía impidió que un grupo de personas que asistía a la marcha se adentrara en jardines que rodean la sede del Parlamento.
Las autoridades reprimieron a los manifestantes con bombas de gas lacrimógeno y los incidentes se fueron desatando en diversos puntos de la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida en la que se concentran todos los edificios del poder público brasileño.
Pese a los enfrentamientos, el grueso de la multitud permanecía en los alrededores del Congreso, aunque había retrocedido frente al avance de las fuerzas policiales.
Temer está bajo fuego cruzado desde la semana pasada por unas confesiones de directivos del grupo JBS que lo implican directamente en hechos de presunta corrupción, por los que la Corte Suprema ha decidido iniciar una investigación.
