El exdiputado de la Asamblea Legislativa y analista político, Kirio Waldo Salgado, opinó sobre el revuelo político que ha surgido por unos supuestos recibos que reflejan los sobresueldos que habrían recibido Luis Cardenal, Rodrigo Ávila y Margarita Escobar, durante la administración de Antonio Saca.
“La verdad es los sobresueldos que esa era una costumbre generalizada en todos los gobiernos. Ahí no se escapan ni izquierdas, ni derechas…, Todos los funcionarios. Hay funcionarios que vienen del Gobierno pasado que se han beneficiado de las prevendas, entonces, si están sacando a unos, se pueden sacar a los otros”, afirmó el exlegislador a Última Hora SV.
Salgado recordó que esta práctica inició durante los gobiernos militares cuando se buscaban profesionales para servir en cargos públicos pero cuyos salarios gubernamentales eran simbólicos al compararlos con lo que obtenían de sus oficios remunerados en clínicas médicas, bufetes y despachos. “Por eso se acostumbró a pagarles un sobresueldo que podía haber sido un 25% o 50% (del salario)”, planteó Salgado.
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Sin embargo, esta práctica se pervirtió en los últimos 25 años, según el analista, cuando se iniciaron cifras exorbitantes, “les pagaron doble salario, entonces, el que tiene un sueldo nominal de $6,000, que los hay, gana $12,000.
De acuerdo a Salgado, una bonificación estímulo por buen desempeño de los funcionarios se degeneró, y actualmente, la práctica viola el principio de honestidad del servidor público, además de se convierte en un evasor de impuestos, al no declarar la renta del sobresueldo. “Se defrauda al fisco”, agregó.
“Ahí tiene que hacer una investigación, Hacienda, Fiscalía y Corte de Cuentas. Pero es muy difícil que puedan establecerse pruebas en contra de estas personas, muy difícil, entonces qué es lo que pasa, que la perversidad queda impune”, añadió el exparlamentario.
Finalmente, Salgado reiteró que los sobresueldos como estímulo pueden continuar pero “deben hacerse públicos” y crear un marco regulatorio que vele por la transparencia. “Ese reglamento lo debiera de hacer la Corte de Cuentas y lo debiera de vigilar el Tribunal de Ética Gubernamental”, concluyó el analista.
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