El juez Juan Antonio Durán, primo hermano del exdiputado del FMLN, Walter Durán, estuvo durante los dos últimos años ejerciendo como magistrado suplente de la Cámara Tercero de lo Penal.
De acuerdo a una fuente judicial del Tribunal de Segunda Instancia que habló con reserva de identidad, Tony compartió función de impartir justicia con el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez, de manera que habría sido éste quien pidió que los trasladarán a cubrir la vacante en la Cámara Tercera, por considerarlo sumamente «leal y disciplinado en acatar órdenes».
Entre los fallos polémicos de la Cámara Tercera de lo penal se encuentra el del 9 de octubre de 2020, en donde se conocía el fallo por medio del cual ante un recurso de apelación presentado por la defensa del señor Manuel Ernesto Daura Mijango representante legal de la Sociedad INTRATEX EL SALVADOR SA. DE C.V., empresa ligada a la familia Simán, el Tribunal de Segunda Instancia decretaba sobreseimiento definitivo a favor del acusado, pese a que la finalidad de la apelación había sido que se revocarán las medidas cautelares que le habían sido impuestas durante la audiencia inicial, consistentes a una fianza de $500 mil y uso de brazalete electrónico.
La Cámara integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, fue a más sin permitir que el caso se definiera en la etapa de instrucción, cerró el caso calificando el hecho de la acusación no como una evasión, sino un «error» al momento de consignar el pago de los impuestos.
Otro de los casos en el cual la Cámara Tercera de lo Penal, siempre integrada por Tony Durán y Marta Lidia Peraza, ocurrió en el Caso El Chaparral donde el mencionado Tribunal se negó a materializar un embargo solicitado por la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) en calidad querellante, por la suma de $228 millones en contra de la empresa italiana ASTALDI.
Este caso se encuentra pendiente desde el mes de febrero de este año de una petición de anulación de ese fallo ante la Sala de lo Constitucional, cuyos magistrado fueron destituido a pesar de lo importante que era recuperar esos fondos defraudados al Estado.
