Ante la vorágine delincuencial que sufre el país, el Gobierno del Presidente, Nayib Bukele, ha decretado situación de emergencia máxima en todos los centros penitenciarios a nivel nacional, con el objetivo principal de que los cabecillas se limiten a comandar delitos para ser cometidos por pandilleros en el exterior.
A pesar que esta medida está dando importantes resultados, algunos jueces han pedido al Presidente que quite la emergencia ya que consideran que podrían afectarse «los derechos» de los delincuentes, mismos que han flagelado por años a los salvadoreños decentes y honrados que sufren extorsiones a diario.
La jueza Sandra Aguilar, fue una de las que abogó por algunos casos de pandilleros a los que se les han suspendido temporalmente las audiencias, y ante la medida de mezclar pandilleros tanto de la MS y 18, reconoció que estos mismos podrían llegar a un acuerdo de «no agresión».
Mientras tanto el exfiscal Astor Escalante también reaccionó señalando que a pesar de ser delincuentes se les debe respetar sus derechos, por lo cual instan a las autoridades a levantar la emergencia para que sigan los procesos que podrían dejar libres a potenciales criminales.
Por su parte el Presidente Bukele, ha señalado que dicho estado de emergencia no se levantará hasta que no paren lo homicidios, tomando en cuenta que las acciones del Gobierno en contra de la ola delincuencial están amparadas en el artículo 23 de la Ley Penitenciaria.
