El ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón sostuvo una reunión en la que plantearon la posibilidad de castigar con multas o cárcel a aquellos que fallen en cumplir las medidas sanitarias, informó The Japan Times.
Las autoridades discutieron una propuesta de revisión de las legislaciones sobre enfermedades infecciosas, en la que se establece aplicar fuertes multas económicas, o incluso penas de prisión, a las personas contagiadas con COVID-19 que se rehúsen a ser hospitalizadas o a cooperar con los esfuerzos de localización de contactos.
De ser aprobada la próxima semana por el poder Legislativo japonés, aquellos que no acepten ser hospitalizados se enfrentarán a una multa máxima cercana a los $9,600 o a una sentencia de prisión de hasta un año.
Quienes se nieguen a dar información que permita rastrear a las personas con las que han tenido contacto, o brinden información falsa, podrían hacerse acreedores a una multa máxima de unos $4,800, o ser condenados a seis meses de cárcel.
