El 24 de marzo de 1980 fue asesinado el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, fue una bala calibre 22 que impacto su corazón, dejándole gravemente herido, y minutos más tarde le ocasionó el deceso.
A más de 38 años del magnicidio el sistema de justicia salvadoreño sigue sin investigar y procesar a los culpables de este hecho, pese a que el caso fue reabierto hace más de un año.
«Monseñor Romero encabeza la lista de las víctimas de la impunidad en este país y es una vergüenza que le hagan santo y todavía aquí no le hagan justicia», aseguró a BBC Mundo el coordinador de la ONG Probúsqueda, José Lazo.
Pero el caso del asesinato de monseñor, también trascendió las fronteras salvadoreñas, y en el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó que el gobierno de turno presidido por Francisco Flores, no ejerciera acciones para esclarecer el magnicidio.
Tambien, otro de los reportes que deja mal posicionada a la justicia salvadoreña es el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas elaborado en 1993, donde se señala al fundador de ARENA, Roberto d’Aubuisson, de ser el autor intelectual del asesinato.
En dicho reporte también salen implicados los militares: Alberto Saravia y Eduardo Ávila (capitanes), así como a Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
Los antes mencionados, fueron favorecidos por una ley de amnistía creada en 1993, y fue la herramienta legal para que los sindicados no pasaran a los tribunales, no obstante dicha ley fue derogada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2016, pero las instituciones competentes no han emprendido sus oficios, para hacerle justicia, a quien será declarado santo, este próximo domingo en El Vaticano.
