A seis meses de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera que la constructora brasileña Odebrecht pagó 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 a 2014 a cambio de contratos a su favor, la información oficial para conocer la ruta que siguió el dinero en México ha sido escasa lo que constituye un impase para la investigación.
De acuerdo con el documento que difundió Estados Unidos en diciembre del año pasado, el beneficio obtenido por el pago de sobornos para la empresa –que está involucrada en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años— fue de al menos 39 millones de dólares.
No obstante periodísticas revelan que la cifra puede ser superior debido a que en ese periodo se obtuvieron contratos clave en el país, como la modernización de tres refinerías, la construcción del gasoducto Los Ramones II y la licitación para la planta petroquímica Etileno XXI.
Todas estas obras, realizadas en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se habrían dado a la constructora –que es investigada en una docena de países– a través de adjudicaciones directas, con los pagos superiores a los precios de mercado y con plazos ampliados para favorecer a la brasileña, ha señalado en distintos reportes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La Procuraduría General de la República (PGR) informó en mayo pasado que citó a declarar a 19 funcionarios y exfuncionarios que intervinieron en la adjudicación de cuatro contratos de obra pública con Odebrecht y su filial Braskem, pero no dio más datos al respecto
