El Presidente Nayib Bukele anunció 11 medidas contra la inflación, para ayudar a los salvadoreños y aliviar sus bolsillos durante la crisis inflacionaria que se vive a nivel mundial. Una de estas medidas fue disminuir los precios de pasaje en las unidades de transporte público.
A pesar de ello, muchos transportistas y empresarios se quisieron aprovechar de la población, aumentando el precio del pasaje de manera ilegal. En consecuencia, el Gobierno decidió tomar la administración de algunas rutas de transporte público, entre ellas la 42 y la 152.
La Constitución autoriza y defiende las decisiones tomadas por las autoridades. El artículo 110 escribe que: “El Estado puede tomar a su cargo servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan”. Asimismo, el artículo 112 también menciona que: “El Estado podrá administrar empresas que presten servicios esenciales a la comunidad (…) cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre organización económica y social”.
