Más del 85% de la población se traslada en transporte colectivo y por eso el Gobierno mantiene a ese segmento con subsidio al sector transporte, ese mismo tipo de beneficio se mantiene en los sectores de energía, gas, educación, agua y otros servicios para los sectores más desprotegidos del país.
Contrario a estas políticas de asistencia social, diversos organismos financieros adversan este tipo de medidas y esa misma postura es la que mantiene FUSADES y otras gremiales del sector privado.
“Tenemos una deuda social con la gente”, dijo el secretario de comunicaciones Eugenio Chicas. “Estos programas no solo cambian el mapa de pobreza, sino que sirven de alivio a los más desprotegidos, gracias a los programas sociales pueden mandar a sus hijos a la escuela, recibir una dotación de útiles, uniforme y zapatos y beneficiarse con subsidio al transporte o poner un pequeño negocio porque tienen subsidiada la energía y el gas”, expresó.
Las medidas de ahorro que el Gobierno está evaluando podrían incorporar una sensible baja en los servicios que el Estado eroga para su funcionamiento, combustible, salarios, viajes, etcétera.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha especificado cifras ni bajo que rubros iniciará con las medidas de austeridad, y la nueva canalización de estos recursos para el desarrollo social de los salvadoreños.
